By La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que endurece el régimen de consecuencias para funcionarios y servidores públicos que incurran en irregularidades en los procesos de compras del Estado.
Una de las principales novedades del proyecto es que establece penas de prisión para los funcionarios que violen las prohibiciones establecidas por la ley, incluyendo legisladores y servidores públicos que negocien con el Estado, así como para los ciudadanos que actúen de forma corrupta en estos procesos.
La propuesta legal que aprobaron los diputados sustituiría a la actual Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que aunque prohíbe a los funcionarios beneficiarse de contratos con el Estado, no establece sanciones penales para quienes infringen esa disposición.
Prisión para funcionarios
El nuevo proyecto, estudiado por meses en una comisión especial de diputados, incluye un título penal completo, que detalla las consecuencias judiciales para quienes falseen información, se beneficien de contratos prohibidos o cometan tráfico de influencias.
Por ejemplo, el artículo 234 del proyecto establece penas de dos a cinco años de cárcel contra los funcionarios y los legisladores que participen en negocios y contratos con el Estado.
